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En fecha 1 de octubre de 2012, el Jurado libró los correspondientes oficios, y al día siguiente el juez Rubén Riquelme remitió las compulsas del expediente judicial. Sin embargo, está pendiente la remisión de las copias por parte del fiscal Cáceres.
El caso se remonta al 27 de agosto pasado, cuando el fiscal José Luis Casaccia, con bombos y platillos, anunciaba la imputación del presidente de Petropar .
El fiscal se basó en los artículos 200 del Código Penal, que trata del procesamiento ilícito de desechos, que tiene una expectativa de cárcel de hasta 5 años o multa, y en el Art. 201 del CP, que penaliza el ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional, con idéntica sanción estipulada en el artículo anterior.
Se basaba en las publicaciones de ABC.
Tres días después, Casaccia fue recusado y denunciado por extorsión por Escobar.
La Fiscalía General del Estado apartó a Casaccia hasta que se defina la recusación.
Pero esta recusación nunca se definió y tampoco el Ministerio Público investigó la supuesta extorsión denunciada por Petropar.
El fiscal adjunto del medio ambiente Ricardo Merlo, con el argumento de que el fiscal Carlos Arce estaba de vacaciones y la fiscala María Bernarda Álvarez, con recargo de trabajo (ambos de Asunción), remitió la carpeta fiscal a la unidad ambiental de Villarrica. Fue así que el caso llegó al fiscal Cáceres.
El 10 de setiembre, la abogada Norma Girala pidió el sobreseimiento de Escobar, a lo que se allanó el fiscal Gustavo Cáceres el 17 de ese mes. En el escrito del fiscal solo se acompaña una copia de nuestro diario, en el que señalan que las muestras tomadas de los tanques de gasoíl de Petropar indican que se encuentra bajo el nivel de azufre permitido, pero en la misma publicación se menciona que las muestras serían enviadas a laboratorios privados, lo que no se sabe si se hizo.
El juez Rubén Riquelme, el 21 de setiembre, se amparó en que la fiscalía es la titular de la acción para cerrar un caso sin investigación y diligencia judicial alguna, sin contemplar la posibilidad de un trámite de oposición para que la Fiscalía General brinde un dictamen concluyente.
El fiscal Cáceres se encuentra enjuiciado por la causal de la comisión de delitos, específicamente por el hecho punible de extorsión, proceso que se encuentra suspendido hasta tanto recaiga resolución definitiva en el proceso penal caratulado: “Gustavo Cáceres Fernández s/extorsión”, conforme al Auto Interlocutorio Nº 41/10 de fecha 12 de mayo de 2010. En este caso fue imputado por el fiscal Eduardo Cazenave por supuestas irregularidades en un proceso de reducción. El caso está en la Corte Suprema.
También está denunciado por mal desempeño de funciones, en el expediente caratulado: “Juan González Cardozo c/Abg. Gustavo Enrique Cáceres Fernández, agente fiscal de la Unidad Penal Nº 05 de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, s/enjuiciamiento.