Jurado no toma medidas ante clara violación constitucional

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no se expide sobre las designaciones irregulares en cargos del gobierno de Carla Bacigalupo, jueza que ahora se desempeña como ministra de Justicia; de la fiscala Soledad Quiñónez, ministra anticorrupción, y de los colegas de esta Jorge Kronawetter, titular de Migraciones, y Jalil Rachid, viceministro de Seguridad.

El titular del Jurado, Adrián Salas, había recalcado que la situación de los agentes del Ministerio Público y de la jueza sería analizada por el órgano que preside, debido a que hay antecedentes de dictamen en contra, donde se especifica que la Constitución Nacional no les habilita.

El dictamen al que hizo relación tiene que ver con el emitido en octubre del año pasado, por el asesor jurídico del Jurado, Alfredo Enrique Kronawetter, donde se señala que un agente fiscal no puede durante su periodo correspondiente, desempeñar otras funciones ni desempeñar cargos en organismos oficiales, salvo las derivadas de la docencia y la investigación científica.

El asesor legal hizo hincapié en las incompatibilidades establecidas en los artículo 254 y 270 de la Constitución Nacional, cuyo incumplimiento “son causales de mal desempeño de funciones (artículo 14, literal “a” de la Ley Nº 3759/09), lo que amerita el estudio a cargo del organismo pertinente”.

En el referido dictamen, Kronawetter recomendó la renuncia, aunque dejó en claro que ello no borra el desconocimiento de la ley al aceptar un cargo. Sin embargo, el Jurado no se expide aún al respecto.

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Por su parte, el defensor del Pueblo Adjunto, Édgar Villalba, remitió también una nota al Jurado en la que cuestiona la ilegalidad de la práctica porque la figura de “permiso” no aparece “en la Constitución Nacional, en el Código de Organización Judicial, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ni ninguna otra disposición legal”.

A su vez, indicó que el artículo 270 de la Constitución Nacional establece que los agentes fiscales “…tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los determinados para los integrantes del Poder Judicial”. Según Villalba, esto significa que “ni jueces ni fiscales pueden ejercer, mientras duren en sus funciones, otro cargo público, ni desempeñar cargos en organismos oficiales”.

Los tres fiscales, Soledad Quiñónez, Jalil Rachid y Jorge Kronawetter, además de la jueza Carla Bacigalupo, pidieron permiso para ocupar cargos públicos del Poder Ejecutivo.