El tema tenía que ser analizado el martes pasado por el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, los miembros decidieron analizar el caso en la plenaria de esta semana.

Los integrantes del órgano juzgador tiene que resolver si abren o no la causa a prueba, atendiendo que las magistradas enjuiciadas pidieron algunas diligencias como parte de su defensa.

Sin embargo, en la mayoría de los casos similares el Jurado rechazó este tipo de pretensiones, considerando que los elementos de prueba están en los varios tomos de expedientes, que el referido órgano tiene en su poder.

Los antecedentes revelan que las juezas Girala, Aguayo y Carmen Barrios (renunció) absolvieron al policía Diosnel López González de la comisión de homicidio y tráfico de 3.116 kilos de marihuana, y a Prisco Villar González, por la comisión del último delito. La víctima fue José Solís Peña. Las magistradas “duda razonable” para blanquear a los dos acusados por el Ministerio Público.

Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 4 de octubre de 2015, a las 17:30, a orillas del lago Itaipú, colonia Puerto Indio, distrito de Mbarakaju. En la ocasión, López González, después de una discusión por el pago de la carga de marihuana, disparó a Solís Peña a altura de la cadera y, a consecuencia de eso, falleció, según la acusación de la fiscalía.

La fiscala Carolina Gadea, quien solicitó 15 años de cárcel para López y 7 años de prisión para Prisco apeló el fallo y en su escrito ante la Cámara señaló que las juezas ignoraron pruebas desarrolladas en el juicio oral para absolver a los dos acusados.

Según fuentes, durante la presidencia del exsenador colorado, Óscar González Daher, se hizo una maniobra para que las magistradas solo sean enjuiciadas y no suspendidas en sus funciones.

Por otro lado, las juezas fueron blanqueadas mediante una dudosa auditoría, que había ordenado la Corte.

Dictamen

El dictamen por el cual se recomendó el enjuiciamiento de Girala y Aguayo, reveló una serie de irregularidades supuestamente cometidas por las juezas.

Las magistradas solo tuvieron en cuenta las pruebas de descargo y no las de cargo para dejar impune el homicidio y el tráfico de más de 3.000 kilos de marihuana.

El dictamen resalta que las juezas “desconocieron reglas de valoración esenciales del régimen de la prueba estipulada en el Código Procesal Penal” y enfatiza que cayeron en graves contradicciones, “poniendo en duda la credibilidad de la justicia penal”.

La apertura o no de la causa a prueba queda en manos de los miembros del Jurado, presidido por Cristian Kriskovich.