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El vicepresidente del JEM Eusebio Alvarenga (diputado) emplazó por cinco días para que Ayala Brun remita un informe pormenorizado del caso de producción de documentos no auténticos y fotocopias autenticadas del expediente judicial.
El Consejo de Superintendencia de la Corte, por su parte, remitió el caso a la Dirección de General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para una auditoría de “reacción inmediata”.
La Subsecretaría de Tributación había detectado la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819 (un billón seiscientos dos mil ochocientos treinta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos diecinueve).
De acuerdo con los datos, en diciembre pasado el juez Ayala Brun otorgó el sobreseimiento definitivo de tres acusados por producción de documentos no auténticos Además, dictó el definitivo a favor de 24 implicados en el caso que tenían pedido de sobreseimiento provisional del fiscal Luis Said.
El agente de Delitos Económicos se opuso al “blanqueo” del caso en ese momento, y luego presentó apelación del fallo que está pendiente de resolución en la Corte.
Ya el desarrollo de la audiencia preliminar fue realizado de forma presurosa porque el expediente llegó a la Sala Penal de la Corte por la recusación de los camaristas José Waldir Servín, Agustín Lovera Cañete y Cristóbal Sánchez, quienes debían resolver un pedido de prórroga que afectaba a otros imputados.
Ayala Brun –que tiene pendiente una suspensión en su contra en otra causa– defendió su actuación. Dijo a medios de prensa que el principal procesado, el contador Ignacio Urbieta, tiene pedido de provisional y que el proceso no se podía dilatar por tres años sin una salida para los 27 imputados.