La Corte crea una nueva dirección que costará G. 500 millones al año

Continúa el despilfarro del dinero público en el Poder Judicial. La Corte creó la nueva Dirección de “Educando en Justicia” para cuatro funcionarios que dependen directamente del ministro Luis María Benítez Riera, que a partir del 2019 pasarán a ganar mucho más. El Estado desembolsará G. 500 millones al año para la nueva dependencia. La Corte ya tiene 43 direcciones en las que sus responsables ganan G. 20 millones o más.

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En el 2014, por Acordada N° 28, la Corte había creado la Secretaría de Educación en Justicia y la misma depende del ministro Luis María Benítez Riera. El 3 de julio pasado, por Acordada 1256, la máxima instancia judicial elevó a la categoría de dirección la referida dependencia a propuesta de Benítez Riera.

El hecho generó críticas en el Poder Judicial, ya que no hace al objetivo primordial de la justicia y además la dirección se creó para cuatro funcionarios de confianza del ministro Benítez Riera, que pasarán a ganar mucho más desde el año próximo.

Según el proyecto de presupuesto del 2019 de la Corte, el director de “Educando en Justicia” ganará G. 12.202.348, el jefe del Departamento Pedagógico G. 9.697.191, el jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos G. 9.697.191 y el jefe del Departamento de Promoción Educativa G. 9.697.191. En total en un año el Estado desembolsará la suma de G. 495.527.052 para estos cuatros funcionarios, que serán designados a dedo por la Corte a propuesta del ministro Benítez Riera.

La acordada lleva la firma, además de la de Benítez Riera, de los ministros Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Miguel Bajac (ya salió) y Miryam Peña. No firmaron el documento los doctores César Garay, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro.

De acuerdo a la estructura organizacional, la nueva dirección dependerá directamente del ministro responsable, lo cual también es muy cuestionado porque evidencia que esta y otras direcciones fueron creadas para ubicar a los funcionarios apadrinados por los ministros.

Los que son directores son designados directamente sin ningún concurso, así como los demás funcionarios que forman parte del plantel de las diferentes direcciones de la Corte Suprema.

No se publicó

La acordada no fue publicada en la página de transparencia del alto tribunal e incluso la fotocopia del documento se le negó a nuestro diario en la máxima instancia.

La excusa fue que todavía no se aprobó. Sin embargo, la misma ya salió con la firma de cinco ministros e incluso fue incluido en el proyecto de presupuesto para el 2019 del Poder Judicial, que luego debe ser aprobado por el Parlamento.

Benítez Riera fue muy criticado últimamente a raíz de las publicaciones hechas por nuestro diario en las que se revelaron que su nuera, la doctora Laura Bordenave, mientras se especializaba en México, seguía cobrando su sueldo en el Poder Judicial. Fue durante cuatro años. En total percibió más de G. 200 millones. Es la esposa de Luis María Benítez Sienra.

Pese a la grave irregularidad, que incluso raya en la ilegalidad (se podría hablar de cobro indebido de honorarios), la Corte no abrió un sumario. La mayoría de los ministros apañó la anomalía atribuida a uno de sus colegas, a quien ahora le dieron el gusto con la firma de la acordada que crea la nueva Dirección de Educando en Justicia, que se suma a las más de 40 que ya tiene el alto tribunal.

De esta manera, los ministros siguen despilfarrando el dinero público, en beneficio de sus familiares y protegidos.

No importa el currículum

La Corte Suprema está integrada por nueve ministros (actualmente son siete con la salida de Óscar Bajac y Alicia Pucheta) y cada uno de ellos tiene varias direcciones a su cargo. Los directores responden directamente a los altos ministros, de los cuales depende cada unidad.

Las direcciones están llenas de amigos de no solo los ministros sino también los de sus hijos. Esta situación es muy criticada por los funcionarios, que pese a tener un mejor currículum que el de los nombrados, no pueden llegar a ser directores.

Las direcciones incluso se meten en cuestiones jurisdiccionales, según la queja de los jueces.

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