El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza (presidente), Laura Ocampo y Jesús Riera señaló el juicio oral para esta mañana.

Ya en noviembre del año pasado, los magistrados tuvieron que suspender el inicio del juzgamiento porque los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar Bajac decidieron dar trámite a una acción que presentó el parlamentario en mayo del año pasado, seis meses antes del inicio del juicio.

Esto se tradujo como un “obsequio” teniendo en cuenta que semanas antes, el parlamentario, para favorecer al presidente Horacio Cartes, había votado por la suspensión del tratamiento de la enmienda, en lugar de hacerlo por el rechazo.

La Corte, al no resolver la acción de inconstitucionalidad contra una resolución que es inapelable –elevación del proceso al estado de juicio oral– es seguro que se trancará este caso.

En su presentación, el diputado objeta que la Cámara rechazó su apelación contra la disposición del juez Rubén Riquelme, que en la audiencia preliminar admitió a la fiscalía pruebas documentales proveídas por el Indert. Este caso tiene que ver con la compra fraudulenta de 5.000 hectáreas de tierra de la firma San Agustín y el perjuicio de G. 48.000 millones.

También están acusados por lesión de confianza Luis Ortigoza, expresidente del Indert, y Justo César Gamarra, miembro del Consejo; además de los peritos del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Blanco y Mario Echeverría.