“Los votos de (Sindulfo) Blanco y (César) Garay están listos para evitar que el exministro (Rafael) Rafael Filizzola sea sometido a juicio oral”, manifestó ayer una alta fuente en el Palacio de Justicia.
El informante se refirió así a una acción de inconstitucionalidad promovida por el exministro Filizzola contra una decisión judicial por el cual se había dispuesto juicio oral para el imputado, sindicado como el responsable de un supuesto escandaloso negociado por más de 50.000 millones de guaraníes con helicópteros para la Policía Nacional.
En el marco de esta inconstitucionalidad la defensa de Filizzola también solicitó la nulidad de todo el proceso en su contra.
Para resolver la acción, la Sala Constitucional quedó integrada por los ministros Blanco, Garay y Raúl Torres Kirmser, este último recusado por la defensa del procesado exsecretario de Estado durante el gobierno del presidente Fernando Lugo.
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En este expediente, el fiscal adjunto Federico Espinoza recusó al ministro Sindulfo Blanco el 7 de agosto de 2015 y solicitó que no integre la Sala Constitucional.
Espinoza dijo que Blanco es uno de los tres ministros enjuiciados políticamente por el Senado y que como tal está comprendido en las generales de la ley, por lo que debe apartarse del caso. La recusación fue rechazada.
“Como es de público conocimiento, la senadora Desirée Masi es la esposa de Filizzola, y justamente la legisladora se había opuesto al enjuiciamiento del ministro de Corte, por lo que se sospechó que habría un cambio de favores”, expresó Espinoza en su recusación.
Otros antecedentes indican que el ministro Blanco había sostenido en casos similares al de Filizzola de que no proceden las acciones de inconstitucionalidad contra fallos o resoluciones por los cuales los procesos se elevan a juicio oral para sentenciar a los imputados.
Los imputados en el caso
Además del exministro Rafael Filizzola, en el caso del negociado de los helicópteros, están procesados el exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior Aníbal Muñoz y el exfuncionario de esa unidad Fernando Sakoda.
También figura como imputado el exadministrador general Darío Villalba.
Todos ellos fueron imputados por los fiscales René Fernández, José dos Santos y Yolanda Portillo.
Los antecedentes del caso se remontan al 13 de octubre de 2010, fecha en la que Rafael Filizzola dispone la compra de las aeronaves de la empresa española Proibérica SA.