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La mora es uno de los graves problemas que arrastra el Poder Judicial, que hasta ahora la Corte no puede resolver. La falta de resolución de los casos planteados en el plazo legal establecido se da en todas las instancias de la administración de justicia, incluida la Corte Suprema.
En una exposición sobre la mora judicial, el profesor doctor Juan Carlos Mendonca reveló las estadísticas que guardan relación con la Sala Constitucional. El conocido jurista, que aclaró que los datos fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas del propio Poder Judicial, dijo en el 2016 ingresaron 2.140 juicios en la Sala Constitucional, que en el mismo año dictó 1.170 sentencias. Es decir, 970 casos quedaron sin resolverse.
El doctor Mendonca agregó que, en comparación a los juzgados civiles de primera instancia, “hay menos justificativos para la mora” en la Sala Constitucional. “Los trámites son muchos más breves. La impugnación contra resoluciones judiciales dura solo 92 días hábiles. Los trámites contra disposiciones normativas duran solo 117. Prácticamente son muy parecidos y además, circunstancia relevante, es un tribunal de derecho. Para decidir solo debe contrastar sentencias o normas con la Constitución con objeto de establecer si son contrarias a algunas de sus normas o principios. Lo cual es relativamente sencillo para un especialista en la gran mayoría de los casos, salvando aquellos en que surgen problemas serios de interpretación o lagunas. Además, la Sala cuenta con relatores, que suponemos han de colaborar en el examen y solución de los casos. Los jueces de primera instancia no lo tiene”, agregó el jurista.
A partir de esta exposición del doctor Mendonca solicitamos informes al Poder Judicial con respecto a la cantidad de relatores, nombres y salario (Ver infografía). Los datos revelan que hay 118 funcionarios que tienen la categoría de relatores y como tales perciben un salario mensual de G. 10.232.708, que al mes cuestan más de G. 1.207 millones a la ciudadanía y al año este monto trepa a G. 15.696 millones, incluido el aguinaldo de cada uno de los 118.
Teniendo en cuenta la cifra de 114 relatores, cada ministro tendría que contar con 13 funcionarios de la referida categoría, que deberían estar colaborando con los altos magistrados para que los fallos se dicten en plazo y no tener una mora de aproximadamente 55%.
La falta de resolución de los casos en el plazo legal establecido es un viejo y grave problema del Poder Judicial. La mora no solo se da en el Poder Judicial, sino también en los diferentes fueros, incluido el del menor, en donde los usuarios se quejan de la falta de resolución, por ejemplo en los casos de prestación de alimentos.
Todos los años, cada ministro que asume como presidente de la máxima instancia judicial promete que combatirá la mora. Empero, eso jamás se cumplió. Hasta ahora, las autoridades judiciales no realizaron un trabajo serio y tampoco lo tienen previsto hacerlo el año entrante. Esto se puede ver en el proyecto de presupuesto del año que viene, en donde la Corte prioriza, entre otras cosas, aumentos de sueldo y otros privilegios para sus funcionarios, por presión de los sindicalistas.
Cómo están distribuidos
Según los datos proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial, hay 118 relatores.
Los referidos funcionarios están distribuidos de la siguiente manera: el ministro Miguel Óscar Bajac Albertini tiene 20 relatores; Alicia Pucheta, 16; Raúl Torres Kirmser, 15; Miryam Peña, 15; Sindulfo Blanco, 14; Antonio Fretes, 12; Luis María Benítez Riera, 11; Gladys Bareiro de Módica, 9 y César Garay, 6.
De acuerdo a los datos de Recursos Humanos, el ministro que más relatores tiene es el doctor Bajac. Luego le siguen sus colegas Pucheta, Torres Kirmser y Peña, en los primeros lugares.
Si realmente los 10, 15 o 20 relatores cumplen efectivamente las funciones que les corresponden, es muy difícil que se dé una mora tan elevada en la Corte Suprema. Se habla de aproximadamente 55 por ciento de casos que tienen sentencia en el plazo legal.
La Corte debe aclarar esta situación que genera sospechas. Incluso, según fuentes, habría algunos planilleros.
El informe de Recursos Humanos refirió que 2 relatores de Fretes y 1 de Pucheta, Peña y Blanco están asignados a depuración de causas civiles.