En el caso está imputado el proveedor de armas del Estado, Carlos León, a quien ya se intentó blanquear en investigaciones anteriores.
El alto tribunal debe resolver un conflicto de competencia, debido a que el juez penal de garantías N° 3, Óscar Delgado, remitió la causa a su colega Humberto Otazú, juez de Delitos Económicos, y este se niega a intervenir.
Esto ocurrió el 3 de mayo pasado, cuando Otazú remitió el expediente a la Corte para que defina la contienda de competencia. Desde ese entonces, el proceso penal no puede avanzar porque se encuentra sin juez.
De acuerdo a los antecedentes, el 9 de marzo de este año la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, acompañada por agentes de la Senad y de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Policía Nacional, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Juan Bautista Rivarola Matto casi Profesor Sergio Conradi del barrio Villa Aurelia. En el lugar se encontró un “supermercado de armas”.
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La intervención demostró el esquema de tráfico de armas de guerra, del cual se surtía el mundo criminal. Fueron encontradas armas de guerra, explosivos y municiones de gran calibre de diferentes tipos, documentos varios, teléfonos celulares así como 27 gramos de supuesta marihuana, que pertenecía a uno de los imputados por violación de la ley de armas, Víctor Hugo Sebastián Olmedo (24 años). También está incluida en el proceso María Gabriela Torres Ferreira (22). Ambos se encontraban en el lugar al momento del allanamiento.
Durante la intervención, se presentó Carlos Federico León Ocampos, propietario de la firma Comtecpar y conocido por ser proveedor de armas del Estado, y alegó ser el propietario de todo lo incautado.