Uno de los objetivos del Ministerio Público es conocer el destino de los US$ 1.200 millones que los operadores de nuestro país depositan en bancos locales de Ciudad del Este, para remesar al exterior el dinero lavado en nuestro país.
Las sospechas apuntan a que el financiamiento de la estructura del lavado de dinero proviene del exterior, de la que una buena tajada se llevan los operadores, incluidos conocidos políticos de nuestro país, que permiten que el sistema siga funcionando.
No se descarta que el Líbano sea uno de los destinos del dinero lavado, así como Estados Unidos, Europa y América del Sur.
Una de las hipótesis principales de la fuente para generar los recursos ilícitos es el contrabando con los productos, especialmente provenientes de China, y que desembarcan en el Aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú.
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Pero no solamente el contrabando, sino que el esquema lavador de dinero tiene otras fuentes de ingreso para captar los fondos como la piratería, el tráfico de drogas, entre otros.
En este caso que investiga el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) fue la institución que alertó del megailícito que se estaba perpetrando en Ciudad del Este.
La firma Global Logistic Solution, que sería del libanés Walid Amine Sweid, es la encargada de importar o exportar los productos que luego serán comercializados en Ciudad del Este a través de firmas de maletín como Bambú INC, Giros SA, GGR, Amanecer Representaciones SA, Vancouver SA y Michigan, entre otros.
Algunas firmas legales dan el ropaje de operaciones comerciales legales, con documentos originales lícitos, pero luego surgen las inconsistencias entre el valor ingresado al país, con lo declarado en Aduanas, lo pagado en impuestos en Hacienda y las transacciones comerciales en los bancos.