El principal cuestionamiento del sindicato de funcionarios del Ministerio Público, es el rechazo del pedido de reajuste salarial del 20%. Los funcionarios solicitaron el incremento de sus sueldos, pero el mismo fue rechazado y es la base para llegar a la huelga a la que irán.
La medida de fuerza coincide con la fecha en que igualmente el Poder Judicial paralizará sus actividades, también solicitando varias reivindicaciones.
La asamblea de funcionarios del sindicato del Ministerio Público, de la que participaron representantes de distintas circunscripciones del país, resolvió iniciar su huelga a partir del 7 de noviembre hasta el 9 de diciembre, en reclamo de la negativa del pedido del 20% de reajuste salarial.
Los trabajadores de la Fiscalía solicitaron igualmente la creación de 160 cargos y que los funcionarios que no perciban el salario mínimo, puedan llegar a este beneficio.
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La secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar) Porfiria Melgarejo de Ocholasky, quien participó como invitada de la asamblea en el Ministerio Público, indicó que esta institución del Estado fue una de las afectadas con el recorte del 1,5% de su presupuesto, al igual que el Poder Judicial, al que el Ministerio de Hacienda le redujo en un 4% su presupuesto para el 2017.
Los funcionarios de tribunales reclaman un reajuste salarial del 20% para 12.800 trabajadores, en el que están incluidos jueces de primera y segunda instancias. También exigen el seguro médico para los 2.600 contratados con que cuenta el Poder Judicial.
La gremialista también cuestionó que el Ministerio de Hacienda tenga que revisar el presupuesto del Poder Judicial, cuando que la Constitución Nacional manda que el Congreso Nacional debe aprobar sin más trámite el presupuesto que presente este poder del Estado.
De esta manera la huelga del Poder Judicial y del Ministerio Público van a iniciar en la misma fecha y la justicia quedará paralizada durante los días que se mantenga la medida de fuerza.
Las reivindicaciones que solicitan los gremios deben ser atendidos para evitar que este tipo de huelgas sigan afectando la administración de justicia.