/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/MHQUJNU23NBOVPGZJE5KJGO3MI.jpg)
Cargando...
En enero del año pasado Díaz Verón volvía de sus vacaciones que pasó en Miami, Estados Unidos, cuando se resolvió abrir una investigación penal en su contra y de su esposa, María Selva Morínigo, coimputada.
La causa impidió que siga en carrera en busca del rekutu como fiscal general, ya que entonces estaba ternado para el cargo junto con la actual autoridad del organismo, Sandra Quiñónez, y la agente de Delitos Económicos Victoria Acuña.
Díaz Verón llegó a pedir un permiso especial en el cargo y le interinó el adjunto Alejo Vera por unos meses, hasta que Quiñónez fue nombrada en el alto cargo.
La investigación pasó a manos de varios fiscales, hasta que finalmente María Estefanía González decidió presentar la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero el 13 de agosto del año pasado, y solicitó la prisión de Díaz Verón y su esposa.
La cónyuge fue la primera en presentarse a su audiencia de medidas y fue derivada al penal del Buen Pastor. Sin embargo, poco tiempo después fue beneficiada con arresto domiciliario.
Pese a haber orden de detención fiscal contra Díaz Verón, este se presentó recién el 24 de agosto y fue derivado al presidio de Tacumbú, aunque luego fue llevado a la cárcel militar de Viñas Cue, donde continúa hasta hoy pese a reiterados intentos de lograr salir.
Cajoneo de la Corte
En esta causa la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cajonea la recusación de la fiscala Estefanía González desde hace más de cinco meses. El ministro Manuel Ramírez Candia informó a inicios de diciembre que emitió su voto, sin que los demás integrantes que estaban antes de él, Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco, lo hagan. Este último fue removido del cargo sin haber emitido resolución.
La causa es llevada en estos momentos por las fiscalas interinas Silvana Otazú, Clara Ruiz Díaz y Natalia Silva.
No justifican su fortuna
Una investigación realizada por ABC Color reveló que la esposa e hijos del ex fiscal general del Estado: María Selva Morínigo, Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo, aparecían como propietarios de la empresa Canto Rodado SA, integrada con capital de G. 2.500 millones. Sin embargo, en la imputación se consignó que la familia no podría justificar unos G. 6.000 millones. Los hijos nunca fueron incluidos en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.