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En menos de diez días, los imputados por el desvío del dinero, que debía ser destinado a comités y filmados luego amenazando y coaccionando a representantes de la Comisión Espíritu Santo de la localidad de Nueva Italia, recuperaron su libertad.
En la audiencia de revocatoria de prisión de ayer, la fiscala de Delitos Económicos Claudia Criscioni se opuso a la libertad. Alegó que la situación procesal no varió, teniendo en cuenta que sigue latente el peligro de obstrucción a la investigación, porque tiene una prórroga para acusar.
En la causa también están involucrados el actual senador liberal y miembro del Consejo de la Magistratura Enzo Cardozo, exministro del MAG, y su sucesor Rody Godoy.
Amarilla, sin embargo, consideró viable el pedido teniendo en cuenta la pena mínima del delito (6 meses), cumplida en prisión.
El juez dio a conocer ayer de forma verbal su decisión y hoy plasmará en un escrito. Entre otras medidas, el magistrado dispuso fianza real (cuyo monto no trascendió), además de prohibición de salir del país y de comunicarse con los coimputados, testigos y peritos del caso.
En este proceso, a la fecha, están imputadas unas 41 personas y el Ministerio Público logró una prórroga extraordinaria para acusar el 6 de setiembre.
En su primera imputación la fiscala Criscioni incluyó en el proceso por estafa y lesión de confianza al parlamentario Cardozo (ya desaforado), por hechos que acontecieron durante su administración en el MAG durante el gobierno de Federico Franco.
El daño patrimonial estimado por la investigadora es de nada menos que G. 68.264.779.224 más la suma de G. 700 millones. En aquella ocasión también se incluyó a otras 23 personas.
Posteriormente, la misma agente amplió el caso con relación a 14 personas y, finalmente, incorporó a dos personas más por lavado de dinero y otros delitos.
El dinero que desapareció debía ser entregado a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas y una parte pertenece a Fonacide, según la investigación de la fiscalía.
Audiencia de medidas
La fiscala Claudia Criscioni amplió imputación el 2 de junio pasado contra Elba Tomasa Centurión de Riveros, esposa del procesado Silvio Riveros, y Eligio Daniel Centurión Samaniego, por lavado de dinero, lesión de confianza, obstrucción a la restitución de bienes, reducción y producción de documentos no auténticos.
La audiencia de imposición de medidas fue fijada recién para el 11 de julio por el juez Gustavo Amarilla y todavía está pendiente el pedido de embargo preventivo de seis lotes ubicados en Fernando de la Mora, comprados por el matrimonio Riveros por nada menos que US$ 330 mil, con dinero del MAG, según datos que maneja el Ministerio Público.