Ley “antimora” cercena derechos de víctimas y la sociedad, asegura fiscal

El fiscal adjunto de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Federico Espinoza, sostuvo que la puesta en vigencia de la Ley 4669/12, prevista para setiembre próximo, cercenará los derechos de las víctimas y de la sociedad, más allá de garantizar los derechos de los procesados. Eso porque no se ha establecido aún medidas para frenar las chicanas dilatorias.

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Para el representante del Ministerio Público, el Estado tiene el compromiso de “velar y ser efectivo en el resguardo de los derechos tanto de la víctima, la sociedad como la del procesado y, en ese contexto, sus normas deberán estar encaminadas a cumplir y garantizar la pretensión de cada una de ellas”.

La normativa que entraría en vigencia el 7 de setiembre, más allá de garantizar el efectivo cumplimiento del ejercicio de los derechos de los procesados, más bien, ha provocado, durante su vigencia temporal, no solo una limitación en el ejercicio de esos derechos, sino también, un desequilibrio entre ambos intereses y la respuesta que el Estado le debe a víctima y a la sociedad toda.

“En ese punto, si bien es válido tomar en consideración la morosidad judicial para la tramitación de los procesos en resguardo a obtener una respuesta en un plazo razonable, dicha circunstancia no es la única que debe ser tomada en cuenta, sino también existen otras circunstancias que inciden en la tramitación, inclusive, normal de un proceso, como ser el ejercicio abusivo del derecho, planteamientos de recursos sin fundamentación, tiempos de notificación, infraestructura adecuada, cantidad de jueces y salas de apelación para atender la gran cantidad de planteamientos en cada causa, etc.”, sostiene el fiscal.

Espinoza aboga por la derogación de la ley “antimora” hasta tanto ambas Cámaras del Congreso debatan las propuestas de modificación del Código Procesal Penal, elaborada por la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, en cuya propuesta también se ha establecido 4 años como plazo máximo de duración del proceso.

Por otro lado, advirtió que muchos procesos abiertos a políticos por corrupción y casos de narcotráfico podrían extinguirse y los involucrados quedar impunes.

Reglas no establecidas

“(...) La problemática reside en que dicha legislación fue promulgada sin tomar en consideración los distintos intereses que están en juego dentro de un proceso, debiendo haberse previsto reglas que posibiliten la transición del cambio de reglas y de esa manera no se vean afectados los intereses de la víctima como también la del propio procesado”.

Fuente: exposición de motivos presentada por la Fiscalía ante el Legislativo.

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