El miembro de la barra brava de Olimpia, quien había sido capturado el 3 de enero pasado en San Lorenzo, luego de permanecer prófugo, salió de prisión el miércoles último, justo en el último día de la feria judicial, al ser favorecido en las dos causas que soporta.
Por un lado, el juez de Amambay, Ëdgar Gustavo Ramírez Rodas, ordenó la libertad de Fernando en la causa abierta por el tiroteo que dejó varios heridos en las gradas del estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, durante el partido entre Olimpia y Sol de América por el campeonato Clausura del año pasado.
La Policía había presentado a Ayala como el autor de esos disparos, con base en los videos de las cámaras de seguridad y el testimonio de algunas de las víctimas, pero llamativamente ahora uno de los testigos no se animó a ratificar su versión.
De este modo, los abogados del barrabrava consiguieron que el juez aceptara el cambio de calificación de la causa y la exclusión de las figuras de tentativa de homicidio y lesión grave, que son considerados crímenes y no permiten la aplicación de medidas alternativas.
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El fiscal de Pedro Juan Caballero, Gabriel Segovia Villasanti, tampoco se opuso al cambio de calificación, con lo que el joven quedó procesado solo por otros delitos menos graves.
Así, la balacera ocurrida en el estadio de fútbol tiende a quedar en la impunidad, ya que ahora ninguno de los involucrados sigue encerrado, entre ellos el supuesto tirador. Los más de 400 barrabravas que habían sido arrestados por el hecho están nuevamente en sus casas.
Por asalto
Por otro lado, Fernando Rubén Ayala Barrios también recuperó la libertad el miércoles último en la causa que se inició en diciembre de 2016, cuando supuestamente asaltó al hermano de un asistente fiscal, en Fernando de la Mora.
Inicialmente, la fiscala Casse Giménez, jefa del asistente fiscal cuyo hermano denunció el asalto, había imputado al joven sospechoso por robo agravado y trasgresión de la ley de armas.
Después, la fiscala Karina Giménez tomó el expediente y rectificó la imputación solamente por trasgresión de la ley de armas. Ahora, a falta de la diligencia de reconstrucción de los hechos, la fiscala Sandra Fariña otorgó el sobreseimiento provisional y la jueza Leticia Frachi Vargas firmó la resolución de libertad.
Uno de los abogados del barrabrava, Leonardo Garófalo, reveló ayer a ABC Color que la familia de su defendido pagó G. 20 millones al asistente fiscal Fermín Bogado, hermano de la supuesta víctima del asalto.
“Se tuvo que pagar esa plata no porque sea culpable, sino para que el caso termine ahí”, confesó el abogado Garófalo.