Fueron beneficiados los procesados Héctor Omar Abed (arquitecto), Fernando Sakoda, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones en el Ministerio del Interior, y Jazmín Graciela Salazar de León (arquitecta).
El juez Miguel Tadeo Fernández hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento y estableció que Abed, propietario de la firma Empresa Arquitectura y Diseño SA, adjudicada para la provisión de los 2.000 acondicionadores de aire mediante una licitación, deposite G. 80 millones en un plazo de un año, en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre del Ministerio del Interior.
Por su parte, Sakoda y Salazar deben “reparar” G. 35 millones cada uno en 12 cuotas. En total, el Estado recibirá solo G. 150 millones como compensación por la estafa sufrida.
Este caso se inició con una denuncia de Contraloría General, que detectó la presunta compra irregular de 2.000 acondicionadores de aire para el Ministerio del Interior, cuyas marcas de los aparatos, inclusive, habrían sido adulteradas.
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A esto se suma que no coincidieron las características con lo detallado en el contrato y solamente fueron entregadas 1.015 unidades, de las 2.000 pagadas.
Tras la licitación, la compra aprobada fue por G. 4.350.000.000, para la provisión de 2.000 acondicionadores de aire de la marca Galaxy, de 24.000 BTU, a G. 2.175.000 cada uno. Sin embargo, los acondicionadores no serían de 24.000 BTU sino de 18.000 BTU.
Si se tiene en cuenta la cantidad de aparatos entregados, existe una diferencia de 985 acondicionadores de aire y el perjuicio sobrepasa los G. 2.142 millones.
En un primer momento, el fiscal Aldo Cantero pidió la suspensión condicional para los tres implicados, pero el adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, rectificó el requerimiento y dio curso a un sobreseimiento provisional para juntar más pruebas. Luego, Igor Cáceres acusó, pidió juicio oral, pero ahora llamativamente se allanó a la suspensión condicional.