El órgano encargado de la selección dejó constancia en el acta de que Martínez fue incluido en la terna por mandato de la ley número 5336/15 “Que establece el procedimiento para la confirmación de magistrados”. La disposición legal obliga al Consejo incluir en terna a los jueces que concursan para el mismo cargo.

Contra dicha norma, el Consejo recurrió a la Corte, mediante la promoción de una inconstitucionalidad. La misma aún no fue resuelta.

El artículo 4° de la cuestionada ley estable que: “El Consejo de la Magistratura deberá incluir en la terna al magistrado o funcionario que pretenda su confirmación...”.

La terna deberá ser enviada a la Corte, para que la misma elija a uno de los tres seleccionados.

Según los antecedentes, el proceso por supuesta coima comenzó en el 2006.

El abogado Héctor Torres denunció un pedido de US$ 3.000, para que su cliente pueda ser liberado, ya que estaba preso por homicidio culposo.

Osvaldo Brítez, supuesto practicante del juzgado, fue el que recibió US$ 1.500; es decir una parte del total del dinero que presuntamente tenía que ser entregado al juez Martínez.