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Medidas cautelares para funcionarios antidrogas

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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Fianza de G. 500 millones y prohibición de salir del país son las medidas que pesan desde ayer contra Silvio Amarilla, Jessica Reyes y Alberto Ferreira, el exjefe de Inteligencia, asesora jurídica y funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Es en el proceso por lesión de confianza derivado de la compra de equipos de escucha telefónica, en el que están procesados los exministros Francisco de Vargas y Luis Rojas, entre otros.

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La primera compra se materializó en el 2012, cuando De Vargas, entonces titular de la Senad, desembolsó G. 9.406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”.

Ayer, Amarilla –quien tiene 24 años de servicio como agente antidroga– dijo que su imputación fue una sorpresa, pues nunca participó del proceso de adquisición de los equipos ahora cuestionado, pues su función era netamente operativa.

Amarilla relató ante la Fiscalía que se desempeñaba como jefe de Inteligencia cuando De Vargas adquirió el primer equipo. Explicó que ya durante las pruebas el equipo presentó fallas, motivo por el cual informó la situación por escrito. Este reporte imposibilitó el uso del equipo para los fines previstos.

Asimismo, precisó que cuando se adquirió el segundo equipo, el mismo fue derivado a otro departamento, de Investigación Sensible, al que no pertenecía.

La primera compra se materializó en el 2012, cuando De Vargas, entonces titular de la Senad, desembolsó G. 9.406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”.

La segunda compra se concretó en el 2015, cuando Luis Rojas pagó G. 1.250 millones por el llamado “equipo táctico de comunicación”.

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