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Fianza real de mil millones de guaraníes, fianza personal de sus abogados por G. 500 millones, obligación de presentarse una vez al mes en tribunales, de comunicar salida y regreso al país, en caso de viaje al exterior, son las medidas que pesan desde ayer.
“Hemos venido a cumplir con lo que tantas veces hemos insistido a otras personas y como hombre de derecho obviamente nos ponemos a disposición de la justicia. (...) Yo estoy dispuesto a probar mi inocencia. Estoy demasiado tranquilo”, expresó De Vargas, tras asegurar que la compra siguió los canales correspondientes y fue incluso auditada por la Contraloría.
En declaraciones a la prensa, tanto De Vargas como Rojas coincidieron en afirmar que los equipos funcionaban y que no hubo sobrefacturación.
“En mi época funcionaban sin ningún problema, los equipos estaban totalmente operativos y en la carpeta no se menciona sobrefacturación ni otros hechos punibles”, indicó Rojas, quien fue asistido en la ocasión por el abogado Willians Dante Justiniano.
“Lo importante es someterse al proceso como corresponde. El funcionario público está obligado a rendir cuentas de sus actos. Imaginate, después de dedicar una vida al trabajo, podríamos pasar horas filosofando de lo injusto que puede ser esto, pero es parte del proceso”, acotó Rojas.