El juez Rolando Duarte estableció para todos prohibición de acceso a la asociación y de contactar con los actuales directivos. Asimismo, a Huespe se le impuso una fianza real de G. 300 millones, y de G. 200 millones a cada uno de sus dos abogados y una fianza de G. 200 millones a los defensores de Ferreira y Villalba, a quienes se les dio plazo de 20 días para cubrir la fianza de G. 300 millones.

La querella presentada por los abogados Arturo Daniel y Rodrigo Yódice revela que los retiros irregulares se realizaron entre el 17 de diciembre de 2014 hasta el 31 de marzo de 2015, por un total de G. 1.240.971.193.