Tras conocerse que los nueve ministros se asignaron G. 3 millones mensuales cada uno para el pago del consumo de teléfonos celulares y que los cuatro consejeros de la Corte, que perciben como salario G. 37 millones mensuales, a los que se deben sumar G. 4 millones (combustible y teléfono), la indignación se apoderó del funcionariado.
“Derrochan dinero en cualquier cosa. Te molestan cuando vas a trabajar, querés hacer las cosas bien y no te dan las condiciones mínimas; te dicen que el presupuesto no alcanza, no hay rubro y luego te encontrás con este tipo de cosas y te indigna”, dijo un funcionario.
Es común que los funcionarios hagan contribución para la compra de fluorescentes, toners y una serie de insumos que desde hace mucho escasean en el Poder Judicial.
“No hay fluorescente, ni tinta, ni impresoras tenemos. Falta todo acá, pedimos, pedimos y nada. Y al final, compramos nosotros porque o si no, no se puede trabajar. Es una vergüenza realmente”, destacó otro funcionario. Esta no es una situación nueva, pues ya en el 2015 se compró un fax para la Oficina de Atención Permanente, mediante una colaboración de los jueces.
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