Portillo es fiscala de Delitos Económicos y ahora interina a su colega Leonardi Guerrero, recusado hasta en la Corte por el contralor.
La agente pidió a la Cámara de Apelaciones que rechace el incidente de nulidad absoluta de actuaciones presentada por la defensa de García y que se confirme el fallo del juez penal de garantías Paublino Escobar.
La defensa del contralor argumenta, entre otras cosas, que la fiscalía no podía imputarlo y pedir su desafuero porque cuenta con inmunidad, al igual que los magistrados.
La fiscala Yolanda Portillo indica en su contestación que el artículo 328 del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 284 de la Constitución Nacional establece: “De las inmunidades, de las incompatibilidades y de la remoción. El Contralor y el Sub contralor tienen las mismas inmunidades e incompatibilidades prescriptas para los magistrados judiciales. En cuanto a su remoción se seguirá el procedimiento establecido para el juicio político”.
“Esto se dio única y exclusivamente para la pérdida de sus fueros, a fin de que pueda ser sometido a un proceso penal por hechos cometidos con anterioridad a la asunción de sus funciones”, dice la agente fiscal.
Asimismo, indica que el juez Paublino Escobar “obró correctamente al rechazar el incidente de nulidad absoluta de actuaciones procesales, fundamentando la resolución en que la imputación fiscal presentada contra el señor Enrique García reunía los requisitos establecidos en el artículo 302 del CPP, cuestión que se verifica con la lectura de dicha acta de imputación fiscal”.
Además de García están imputados Rodolfo Duarte, auxiliar de asesoría jurídica de la Comuna capitalina, y el abogado Julio González, jefe de archivo. Están recusados la jueza Lici Sánchez y el fiscal Leonardi Guerrero.
Indagatoria, el jueves 26
Para el jueves 26 de abril, a las 9:00, está prevista la audiencia de declaración indagatoria de Enrique García, contralor general de la República imputado por uso de documentos no auténticos para intentar justificar la falta de apelación de un fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.
La convocatoria fue realizada por la fiscala interina de la causa, Yolanda Portillo, debido a que su colega Leonardi Guerrero fue recusado por García hasta en la Sala Penal de la Corte. También la jueza Lici Sánchez fue recusada por el contralor por aceptar su imputación y pedir su desafuero.