/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/DWQTB2BUSFDJLGEVNKP7ESMCRA.jpg)
Cargando...
Los flamantes ministros, en el momento de presentar su plataforma de trabajo habían apostado por la transparencia y el combate frontal a la corrupción en el Poder Judicial.
Ayer presentaron sus declaraciones juradas, pero hasta el momento no las hicieron públicas. El secretismo es lo que más se les cuestiona a las autoridades.
Recientemente la Corte aclaró que la postura asumida por la ministra de la Corte Gladys Bareiro, que recomendó a los senadores en un dictamen rechazar un proyecto de ley que abre al público el acceso a la información sobre la declaración jurada de bienes y rentas, es una posición personal, no institucional.
Sin embargo, la ministra Bareiro explicó a la prensa que el dictamen lo elaboró por pedido de sus colegas de la Corte. La expedición de dictámenes es frecuente en la Corte por pedido de representantes de órganos del Estado, indicó la magistrada.
Empero, cuando se realizan las consultas jurídicas a la Sala Constitucional de la Corte, de la que es integrante la ministra Bareiro, en más de una ocasión manifestó que la máxima instancia judicial no es órgano de consulta.
La Corte no quiere ser transparente
A pesar de que la Corte Suprema dio muestras de apertura al acceso ciudadano a la información pública, últimamente ha relegado esta posición al no expedirse sobre temas que afectan a datos de orden público.
Por ejemplo, hasta la fecha, la Sala Constitucional de la Corte no se expidió sobre una acción de inconstitucionalidad que promovió la Contraloría contra fallos de primera y segunda instancias, que favorecieron al periodista de ABC Juan Carlos Lezcano, quien solicitó información de declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos.
La Contraloría se rehúsa a proveer las informaciones con la excusa de que afectará la intimidad de los funcionarios, el mismo argumento empleado por la ministra Bareiro en su dictamen elevado a la Cámara de Senadores que paradójicamente no había pedido una opinión de la Corte sobre el particular.
La Contraloría promovió la inconstitucionalidad en julio pasado, pero hasta la fecha la Corte no ha admitido ni rechazado la acción,
En primera y segunda instancias la Justicia había ordenado que Contraloría provea la información.
Sesiones públicas
Ramírez Candia y Jiménez propusieron que las sesiones de la Corte Suprema sean públicas, a través de la transmisión de TV Justicia. A regañadientes y por la presión ciudadana, algunos ministros de Corte señalaron estar de acuerdo con la televisación de las sesiones. Ambos también propusieron la rotación en la presidencia de las circunscripciones judiciales.