Ana María Casanova, de 69 años, más conocida como Moria Casán, completa hoy su séptimo día en la cárcel del Buen Pastor de Asunción, pese a las reiteradas quejas de sus abogados de que hay un “ensañamiento innecesario” de la justicia paraguaya con la vedette.
Sin embargo, la propia fiscala de la causa de las joyas, María Genoveva Figueredo, quien incluso ya se allanó al acuerdo al cual llegaron Moria y el joyero Juan Armando Benítez Gil, en cambio también reconoció que la prisión preventiva aplicada por la jueza Dina Marchuk es legítima, ya que tal determinación, aunque parezca drástica, queda a criterio exclusivo de la magistrada. Esta entendió la condición de extranjera de Moria Casán y que por ende no tiene arraigo, así como que estuvo prófuga por tres años.
En cuanto a la otra imputación de la fiscala Elva Cáceres, por tenencia sin autorización de cocaína, la prisión preventiva dispuesta por el juez Rubén Riquelme también es ineludible, porque la propia legislación paraguaya no admite otras salidas procesales más benignas para causas relacionadas con drogas, excepto que la imputada acredite ser una adicta, tal como aparentemente lo está a punto de demostrar la defensa de la diva argentina.
Mucho más alevoso
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Pero ni siquiera con las explicaciones jurídicas más finas, a los abogados de Moria y al público argentino que sigue de cerca el caso aún les cuesta entender por qué fue encarcelada por una porción tan pequeña de droga.
En medio del debate sobre la situación, en Paraguay también surgieron varias comparaciones con otros casos, uno de ellos mucho más alevoso y complejo, como el del narcopolicía pedrojuanino Águedo Ronaldo Lezcano Paredes, capturado el 5 de marzo de 2013, en Capiatá, en posesión de dos litros y medio de cocaína líquida, equivalentes a 2.500 gramos.
El uniformado, pese a la flagrancia, fue liberado en menos de seis meses después de quién sabe a qué tipo de acuerdo llegaron su hermano mayor, el diputado colorado Marcial Lezcano Paredes, y el entonces fiscal de la causa, José Luis Casaccia.
Este último fue suspendido por tres meses, pero después, cuando se “enfrió” el tema, simplemente fue designado en otra unidad.
El del narcopolicía, hermano del diputado, hasta ahora sigue siendo uno de los casos más representativos de la impunidad judicial paraguaya, que evidentemente funciona a medida de algunos y no se aplica de igual manera para todos.