Los dos rodillos, uno de ellos de 12 metros de largo y otro de tres, fueron embarcados el 18 de julio pasado en el puerto de Veracruz, México, y semanas después llegaron al puerto privado Caacupemí de la capital en dos contenedores. De allí fueron retirados y llevados a un depósito que la organización criminal ya tenía alquilado en pleno centro de San Antonio, donde fueron verificados ayer con la colaboración de metalúrgicos.
La facción del cartel de Sinaloa que pretendía abrir una nueva ruta del tráfico de cocaína a países de Europa, Asia y África a través del Paraguay fue desbaratada en la tarde del 7 de diciembre último con la captura de los mexicanos Jimmy Wayne Galliel, quien sería el jefe de la operación, a más de Armando Carrillo, Marcos Antonio Castro y Martín Manuel Huerta Flores.
Durante la intervención también cayeron dos taxistas paraguayos, Pablo Eliseo Brítez Núñez y Patricio Mario Fernández, quienes se encargaban de la movilidad de los traficantes y presumiblemente del acarreo de los 308 kilos de cocaína colombiana que fueron encontrados en un placar de la residencia que alquilaron sobre la avenida Von Poleski casi Defensores del Chaco de la ciudad de Villa Elisa.
Esta propiedad debía servir como oficina administrativa de la empresa “La Paraguayita Import & Export”, que crearon para camuflar los envíos de drogas entre productos agropecuarios y piezas de maquinaria pesada, según explicaron.
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Los investigadores lograron recolectar una serie de documentos durante los allanamientos posteriores, que permitieron identificar a cinco profesionales paraguayos que supuestamente conformaban la logística del grupo criminal. Los mismos debían dar el ropaje legal a la empresa “La Paraguayita Import & Export”, que debía operar normalmente para evitar levantar sospechas.
De este grupo de profesionales solo el despachante aduanero Hernán Lázaro Liseras y el contador Teófilo Dejesús Mendieta están imputados y detenidos en la cárcel de Emboscada.
Ayer el abogado José Escobar dijo a ABC que desde el pasado 9 de diciembre están pidiendo las grabaciones que incriminan a Liseras en este caso.
“Si para el próximo martes no tenemos respuestas recurriremos a las instancias correspondientes por violación de derechos constitucionales”, dijo.