Negociado en la cárcel quedó al descubierto en informe del MNP

Respirar es prácticamente lo único que se puede hacer en forma gratuita en el penal de Tacumbú, según un informe divulgado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el año 2013 y que evidentemente sigue vigente. Estar en una celda, tener un colchón, frazada, usar celular, recibir asistencia médica en Sanidad, y hasta sentarse en una silla, todo está “tarifado”.

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El MNP plasmó en su informe anual las cifras de la corrupción que corre detrás de los barrotes de las cárceles y de la que son partícipes internos, custodios y hasta autoridades.

“La forma de vida está determinada por la capacidad económica. La población vive en condiciones inhumanas, sea bajo el tinglado o en la baldosería. Quienes pueden pagarlas, acceden a celdas dotadas con baños individuales, aire acondicionado y equipos varios, destinados al confort y al entretenimiento: son las llamadas celdas “vip” a las cuales siguen otras, de menor costo y comodidad”, refiere el informe.

El documento reportaba que el acceso a una celda común varía entre 100, 300 o 500.000 guaraníes. Una vez ubicado, a la hora del descanso, el recluso que quiera contar con un colchón debe pagar G. 20.000 o si logra contactar con un revendedor, podría pagar G. 10.000 o G. 5.000. Las frazadas cuestan entre G. 15.000 y G. 30.000 y acceder a una sábana también tienen costo.

Celdas “vip”

De las entrevistas realizadas a los internos, se pudo conocer que el ingreso a los espacios de privilegio puede costar hasta 8 millones de guaraníes, según la codicia del portero que esté de turno y que tenga a su cargo la ubicación de los internos. Un informante reveló que en 2009, el precio de una celda vip registró un costo extremo de 100.000 dólares.

En noviembre del año pasado, la entonces ministra de Justicia, Sheila Abed, denunció ante la Fiscalía General del Estado la vigencia de los esquemas extorsivos, para la identificación y castigo de los responsables. La medida fue adoptada tras publicaciones de nuestro diario, que se hizo eco de los negociados de las cárceles.

“Constituye un delito de acción penal pública el cobro de sumas de dinero o exigencia de contraprestaciones a las personas privadas de su libertad o a sus familiares, en concepto de provisión de insumos, agilización o seguimiento de los procesos judiciales, traslados a las audiencias y a dependencias de las penitenciarías, cambios de celdas y otros conceptos, advirtió el MJ, en un comunicado divulgado el 23 de noviembre pasado.

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