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El máximo tribunal del país falló a favor del citado ministerio en el caso del río Pilcomayo.
No obstante, sostuvo que esa decisión de la Corte Suprema no le quita a la Contraloría General de la República el poder constitucional de realizar auditoría al Ministerio de Obras Públicas. “Esto no le quita a la Contraloría el poder constitucional de, por ejemplo, la semana que viene se pida los antecedentes de la licitación del aeropuerto”, expresó Benítez Aldana.
Cree que la decisión de la Corte Suprema de Justicia está equivocada respecto a que determina que algunas instituciones rindan cuentan ante el Tribunal de Cuentas y no ante la Contraloría General.
Aclaró que, en este caso en particular, lo que va a ocurrir es que la gestión del MOPC será juzgada por el Tribunal de Cuentas, y si el Tribunal de Cuentas juzga sobre ese tema, la Contraloría General ya no podrá hacer el trabajo de auditoría.
“Si bien el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se publicó hoy (por ayer, página 11), que hace relación al río Pilcomayo, en absoluto puede impedir que la Contraloría General de la República audite la licitación del aeropuerto, por ejemplo”, recalcó.
El subcontralor insistió en que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no le quita funciones constitucionales a la Contraloría General de la República. “La Contraloría tiene todas las facultades de realizar auditorías”, dijo y recordó un comunicado de la propia Corte Suprema de Justicia, del año 2015, en que los ministros expresaron que el fallo para que el Tribunal de Cuentas audite una institución de ninguna manera es atentatoria contra las facultades constitucionales de la Contraloría General.