Nueva chicana busca impedir que se destrabe caso “niñera”

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El proceso abierto al senador Víctor Bogado y otros por estafa y otros delitos, conocido como la “niñera de oro”, quedó nuevamente trabado mediante una recusación contra el camarista Pedro Mayor Martínez. La presentación fue radicada por la defensa del exsecretario de gabinete Miguel Ángel Pérez, minutos antes de que se quede firme la integración del Tribunal.

Pérez, quien está procesado por estafa y cobro indebido de honorarios, presentó la recusación tras ser notificado de la integración de la sala con Mirtha González. La Cámara debe resolver si la causa queda a cargo de Óscar Delgado o de Gricelda Caballero.

González reemplaza a su colega Carlos Ortiz Barrios, quien se inhibió de la causa el 17 de junio último, precisamente tras ser recusado por Pérez. Los demás miembro son los doctores Cristóbal Sánchez y Pedro Mayor Martínez.

Lo llamativo del caso es que Pérez, representado por el abogado Gabriel Chase, no recusa al miembro cuyo ingreso a la sala se le notifica, sino a Mayor Martínez, cuya integración ya está firme por ser anterior a la de la Dra. González.

La presentación, radicada minutos antes de que quede firme la integración, es a todas luces extemporánea, pero tiene el efecto de dilatar el proceso, porque llegar a esta conclusión lleva su tiempo.

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De hecho, la recusación es uno de los principales recursos utilizados por la defensa del funcionario público procesado por el escandaloso caso de la “niñera de oro”.

En marzo pasado, Chase recusó nada menos que a cinco fiscales de Delitos Económicos –René Fernández, José dos Santos, Liliana Alcaraz, Aldo Cantero y Luis Piñánez–, con lo cual logró suspender la audiencia preliminar fijada para definir si se eleva la causa a juicio oral y público.

El fiscal adjunto de la referida unidad, Federico Espinoza, también fue recusado por Pérez, quien con anterioridad había solicitado la separación de las fiscalas Josefina Aghemo y Yolanda Portillo. Una vez descartada la recusación, Chase impugnó la decisión del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la acusación, con la complicidad del legislador, la “niñera” de sus hijas Gabriela Quintana cobraba del Estado sin trabajar. La mujer percibía como contratada de la Cámara de Diputados una remuneración de G. 1.300.000, en el 2008. Luego fue nombrada, en el 2010, y pasó a ganar G. 13.237.400 en la Cámara Baja. A esto se suma que en febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió un salario más de G. 8.739.300.