Nueva presidencia de la Corte Suprema hereda viejos problemas

La nueva cúpula de la máxima instancia judicial del país, encabezada por el Dr. Luis María Benítez Riera como presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ministros Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac como vicepresidente primero y segundo, cargan con la pesada carga de desterrar la premisa de que la ley está solo para sancionar a los pobres, mientras que los procesados que tienen poderío económico e influencia política, permanecen intocables.

Son numerosos los casos de corrupción pública que han quedado en el oparei, debido a chicanas que traban el proceso, hasta que no quede otra salida más que la extinción o la prescripción.

No se trata de un problema nuevo y si bien la saliente presidenta de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, intensificó los controles para frenar las suspensiones de audiencias y sancionar a los chicaneros, vemos que estas restricciones no alcanzan a todos aún, en especial aquellos procesados vinculados al poder.

Solamente la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción cuenta con más de 40 causas “varadas” en distintas instancias, muchas en peligro de quedar en la nada (ver cuadro de causas y año de inicio).

Una de esas causas es la caratulada “Fabio Gómez Chamorro y otros sobre estafa y otros”, del año 2013, más conocida como la de los “caseros de oro”. Ahí están procesados el diputado colorado José María Ibáñez y su esposa Lorena Plabst, por pagar con fondos públicos a sus caseros. En octubre del año pasado se cumplieron 2 años de que la Fiscalía acusó sin que hasta la fecha se pueda hacer la preliminar debido a un recurso de casación en estudio en la Corte. No se conoce de sanciones a los abogados intervinientes.

El proceso al senador colorado Víctor Bogado por la contratación de la niñera de sus hijas como funcionaria en Itaipú y Diputados, es otro que no avanza. Tras anular la elevación a juicio pese a que dicho acto es inapelable, Bogado traba su preliminar con una recusación al juez.

Cuando la ley alcance a todos por igual, la Justicia recuperará la credibilidad de la ciudadanía.