En la jornada de ayer, el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Zelaya e integrado por Benito González y Víctor Godoy se dispuso a escuchar el testimonio de un agente policial, cuando se produjo un incidente entre el defensor Amelio Sisco y el presidente del colegiado.
Específicamente, Sisco preguntó al testigo cuántos grupos tácticos participaron el 15 de junio del 2012. “No tengo conocimiento porque no estuve en la parte operativa. No tengo exactamente la cantidad de efectivos”, contestó el policía. Ante esta respuesta, Sisco indagó qué cantidad de efectivos tenía, lo que motivó la intervención del presidente del Tribunal, que dijo que la pregunta ya había sido contestada, y pese a la insistencia del defensor, se pasó a otro tema.
Posteriormente, Sisco pretendió en más de una ocasión que el testigo precisara el alcance de disparos efectuados por un calibre específico, para causar la muerte de una persona y hasta quería que se le expusieran los perdigones, cuestión a la que se opuso la Fiscalía, en atención de que el testigo no es perito balístico.
A raíz de la decisión del Tribunal de hacer lugar a la oposición de la Fiscalía, Sisco recusó al colegiado tras alegar parcialidad manifiesta.
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Al término de la audiencia, los fiscales Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz fueron increpados verbalmente por algunas personas que acompañaban el juicio, y la fiscala Alcaraz denunció que fue empujada por una mujer.
Piden sanciones
En una reunión de prensa realizada en el Ministerio Público al término del juicio, los fiscales pidieron sanciones disciplinarias tanto para el abogado Sisco como también para el defensor Víctor Azuaga por gritarles improperios, una vez concluida la audiencia. Asimismo, piden que sean identificadas las mujeres que incidentaron, luego de la audiencia, y se les prohíba el ingreso a la sala de juicio.
La masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 durante un desalojo en Campos Morombí, dejó un saldo de 17 muertos (seis policías y once campesinos). Rubén Villalba encabeza la lista de 11 acusados por homicidio doloso en grado de tentativa, invasión de inmueble y asociación criminal.