Escrito mediante, Núñez “informa” al juez Humberto Otazú que deberá solicitar nuevamente su desafuero, pues al asumir el 1 de julio pasado como diputado por Central, cuenta con inmunidad hasta el 2023.

La acusación revela que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez, despachó en el año 2011 un total de 11 ruteadores. En el instrumento de Aduanas se hizo figurar un costo de 17.706 dólares, sobre los que se liquidó el impuesto. Posteriormente, una auditoría determinó que el valor real de la mercadería era de US$ 1.026.028 y eran en realidad eran 31 decodificadores de TV.