Obispo de Caacupé se hizo eco de desacreditada imagen de la Justicia

Las críticas de monseñor Ricardo Valenzuela en la misa principal en Caacupé no salpicaron solamente a los políticos, sino que también alcanzaron a la administración de justicia. Lejos de ser el amparo de la ciudadanía, la actual administración de justicia –probablemente una de las más desprestigiadas– no ha logrado ni siquiera sancionar escandalosos robos al erario público.

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A diferencia de otros países de la región, que han sido noticia por aplicar la ley sin miramientos y enviar a prisión desde acaudalados empresarios hasta exponentes de la clase política, expresidentes de la República entre ellos, la administración de nuestra justicia no da muestras de avance en lo que respecta a su principal misión, la cual es aplicar la ley, ni mucho menos en actuar en forma independiente, como lo establece la propia Constitución.

El sermón del obispo de Caacupé refleja la percepción ciudadana acerca de la desacreditada imagen del Poder Judicial, que no hace ningún esfuerzo por limpiar su imagen. Así las cosas, vemos cómo amparados en formalismos y un interminable repertorio recursivo, ricos y poderosos han logrado convertir al Poder Judicial en una guarida segura, donde sus procesos no avanzan y a la larga, es casi seguro que queden en el oparei.

Entre los ciudadanos “de primera” para nuestra justicia, los políticos están entre los primeros de la lista. Actualmente son varios los procesados por distintos hechos de corrupción, como los senadores Víctor Bogado, Enzo Cardozo y los diputados José María Ibáñez y Carlos Núñez Salinas, cuyas causas están paralizadas. De hecho, ni siquiera cuando hay condena existe la seguridad de que se cumplirá, tal el caso del exgobernador colorado Eugenio Escobar Cattebecke, sentenciado en el 2009 a 2 años y 6 meses de cárcel por el desvío de G. 1.300 millones, quien sigue sin cumplir su condena.

En cambio, a los ciudadanos “de segunda”, aquellos menos favorecidos económicamente y sin apoyo político, les queda un largo peregrinaje en busca de justicia, sin tener la certeza de que un día llegará.

En una reciente visita a nuestro país, una comitiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) observó la situación de miseria en la que viven las comunidades indígenas del Chaco. La misión era precisamente verificar el cumplimiento de las sentencias que emitió a favor de las comunidades indígenas del Chaco Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok kásek, en los años 2003, 2006 y 2010. Paralelamente, el expresidente del Instituto Nacional del Indígena (Indi) Rubén Darío Quesnel suspendió nada menos que por décima vez el juicio que debe afrontar por el desvío de los más de G. 3.000 millones (2013) que debieron ser destinados a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, en cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.

Han sido diez las veces en que los siete testigos debieron abandonar sus comunidades en el Chaco para venir a la capital para testificar, sin poder hacerlo.

Esta odisea bien la conocen numerosos ciudadanos que concurren a diario al Palacio de Justicia, pero tomamos el ejemplo de las comunidades indígenas por el enorme esfuerzo que representa emprender tan largo viaje en la paupérrima situación en la que viven, para poder venir a la capital en busca de justicia, cuando es casi imposible creer que esta llegará.

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