CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) está preocupado por los impedimentos impuestos a la prensa hace unos dos años, para restringir el ingreso a la Penitenciaría Regional y al Correccional de Mujeres Juana María de Lara. Los comunicadores tienen trámites burocráticos que constituyen una barrera para entrevistarse con los internos y verificar la situación en que viven.
Ante esta situación, el comisionado del MNP, Roque Orrego, en reunión con periodistas manifestó: “Cuanto más opacos sean los ámbitos de encierro, más posibilidades hay de abusos de poder”.
Los comunicadores le explicaron a Orrego que no pueden saber lo que ocurre en los penales y tampoco se les permite conversar con los internos si es que no tienen la autorización de autoridades de la capital del país.
El protocolo de ingreso a las cárcel había sido implementado por la exministra de Justicia Sheila Abed, por recomendación del MNP, pero fue modificado por la destituida ministra Carla Bacigalupo. Empero, los cambios no fueron satisfactorios porque hay una “excesiva centralidad”, indicó Orrego.
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Además, el protocolo obliga a detallar la razón, el tema de la entrevista, lo cual puede ser considerado como censura previa. “Este protocolo es represivo e ilegal, porque se funda en potestades que no le asigna la ley, como impedir la libre comunicación de las personas. El interno debe poder ejercer todos los derechos como el que tendría estando fuera de prisión, excepto los que se le haya restringido por disposición judicial”, indicó Orrego.
“Si se hace una reglamentación, debe darse en ese sentido, en favor de la comunicación y la libertad. Los comunicadores deben informar a la ciudadanía lo que hay detrás de los muros”, sentenció el comisionado.
No obstante, se tiene conocimiento que Éver Martínez, encargado de despacho del Ministerio de Justicia, está interesado en mejorar el protocolo.
La penitenciaría regional está intervenida por irregularidades durante la administración del director Ricardo Ortiz. El Colegio de Abogados denunció la desaparición de carne destinada para los internos, el pago por platos de comida y práctica de proxenetismo, entre otros hechos.