La Cámara hizo lugar a una apelación presentada por el abogado Jorge Bogarín y revocó una resolución dictada por el juez Rubén Riquelme en marzo del 2010, que autorizó al entonces fiscal Arnaldo Giuzzio a extraer los datos de un teléfono celular entregado a la Fiscalía por autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (que estuvo anteriormente a cargo del ingeniero Hugo Ruiz, ex director interino) como evidencia de la supuesta comisión de un hecho punible.
Respeto a los antecedentes del caso, la resolución precisa que el 17 de junio del 2009 se tuvo conocimiento de un posible desenlace de un caso penal iniciado contra el entonces director de la EBY, Ing. Paul Sarubbi, a cambio del pago de un monto de dinero a peritos y funcionarios intervinientes.
Ahora, los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro coincidieron en señalar que no existen obstáculos legales para realizar la diligencia requerida por la Fiscalía y, por esta razón, anularon la resolución de la Cámara de Apelación.