El decreto número 9234, emitido el 18 de julio pasado por el presidente de la República, Horacio Cartes, y “por el cual se aprueba la reorganización de la Secretaría Nacional Antidrogas”, podría apeligrar seriamente la operatividad de la institución, debido a que prácticamente obliga al próximo ministro, Arnaldo Giuzzio, a mantener en sus cargos a cuestionados directores y agentes especiales señalados de haber ejecutado operaciones de espionaje clandestinas y de corrupción activa en favor del gobierno saliente.
Básicamente, el espíritu de dicho decreto es darle una especie de inamovilidad a los altos funcionarios de la secretaría antidrogas, muchos de los cuales son leales a Horacio Cartes y al entorno de este.
Aunque es cierto que el decreto puede ser derogado por el próximo presidente de la República, no deja de extrañar la sospechosa maniobra de última hora llevada a cabo por el titular saliente del Poder Ejecutivo.
Investigaciones como contra la red de Cabeza Branca, por ejemplo, podrían quedar estancadas si persiste el mismo esquema en la Senad, según manifestaron fuentes.
