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En una presentación radicada por el abogado Lorenzo Carrillo, el agente sindicado como cerebro del desvío de 1.200 millones con tarjetas de combustibles de la Policía Nacional plantea excepción de incompetencia y falta de acción contra la imputación.
Básicamente, la defensa alega que los hechos investigados son los mismos por los cuales está procesado en el juzgado a cargo del juez Gustavo Amarilla, donde está procesado por estafa y producción de documentos no auténticos.
Este proceso tiene relación con los bienes que ostenta Osorio, y que no condicen con el salario proveniente de la función pública, que es de G. 7 millones. La imputación destaca que su esposa no trabaja, y que el matrimonio adquirió, por lo menos, siete costosos vehículos (con sus respectivos seguros) y dos inmuebles en San Bernardino, además de realizar numerosos viajes al extranjero.