La magistrada no hizo lugar a la rectificación de prisión preventiva del fiscal Fabián Centurión, quien alegó “hechos nuevos” para cambiar de postura. Resolvió decretar el arresto y fijó una fianza real (inmueble) de US$ 1 millón para cada uno, cuyos documentos deben ser presentados en el plazo de 30 días. También está imputado el escribano Blas Fernando Túrtola, quien no se puso aún a disposición de la justicia.

La cooperativa Alterfin, de Bélgica, de Saúl de Jesús Castro y Hugo Cerro, fue la denunciante. A su vez, Castro soporta un proceso impulsado por los Stadecker.