En un escrito presentado por los abogados Milner Núñez, Ángel Lird y Carlos Fernández, el parlamentario ataca el dictamen del fiscal adjunto Federico Espinoza del 18 de mayo de 2016, por el cual acusó al diputado por contrabando y producción de documentos no auténticos.
Para la defensa no puede haber acusación por el segundo delito, debido a que la Dirección Nacional de Aduanas determinó que es una falta administrativa.
El juez Humberto Otazú corrió traslado a la Fiscalía y envió el expediente a la Corte Suprema.
La acusación revela que Núñez importó decodificadores, pero declaró que eran ruteadores. Además, adulteró documentos para subvalorar el costo real de US$ 1 millón por el de US$ 17.000.