Pese a la inexistencia de un tratado de traslado de personas condenadas entre Colombia y Paraguay, la situación fue analizada en ambos países en el marco de un contexto humanitario, debido a que familiares de los sentenciados afrontan graves problemas de salud.
Ulises Peñaloza Llinas tiene un hijo de 39 años que se encuentra muy grave debido a una enfermedad terminal, mientras que su compatriota Álvaro Acosta Ortega solicitó regresar a su país para estar cerca de su padre, actualmente con 73 años de edad y en delicado estado de salud, a causa de distintas dolencias.
Peñaloza, quien es ingeniero civil y ambiental, se desempeñaba como instructor en el penal de Tacumbú y tiene además dos hijas menores de edad. El extranjero fue sentenciado a 15 años de reclusión el 14 de agosto del 2015 y compurgará su pena el 20 de mayo del 2027.
Los antecedentes dan cuenta de que Peñaloza fue detenido conjuntamente con Fernando Stimac Jaen, venezolano nacionalizado español, el 18 de mayo del 2012, en una investigación abierta tras el decomiso de 421 kilos de cocaína. El colombiano fue apresado en el barrio Villa Morra, al mando de una camioneta que transportaba una valija con 16 atados de cocaína, y después fueron encontrados otros 260 paquetes de la droga en su casa.
Por su parte, Acosta Ortega fue detenido en la madrugada del 28 de mayo del 2010, en el marco de un procedimiento realizado tras la confiscación de 1 kilo con 641 gramos de heroína en el doble fondo de un maletín que portaba su compatriota Jesús Rodas Penada, detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
El 17 de diciembre del 2013, Acosta fue condenado a 15 años de reclusión, fallo ratificado por la Cámara el 5 de julio del mismo año.
En su resolución, Scura establece que Acosta deberá cumplir el mismo periodo de tiempo que le correspondería en nuestro país, por lo tanto, tendrá su pena compurgada el 28 de mayo del 2025.
El año pasado el Ministerio de Justicia inició gestiones para que extranjeros cumplan sus penas en sus respectivos países. En aquel entonces, había 415 presos de 28 nacionalidades distintas en todo el país, 19 de los cuales eran colombianos.