El negocio, según la abogada denunciante, está en realizar la licitación y adjudicación por lotes, a pesar de la enorme pérdida que representa para el Estado esta modalidad. “Lo que corresponde a un buen administrador del dinero público es individualizar cada ítem, cantidad y medidas, a los efectos de obtener el mejor margen en favor de los intereses de la ciudadanía y un precio justo por cada material adquirido por la institución pública. Esta forma de adjudicación por lotes permitió que se comprometa el patrimonio público y, en lugar de pagar G. 1.726.100.000, la justicia electoral va a abonar la suma de G. 9.946.500.000. El perjuicio patrimonial, de concretarse el pago a las empresas adjudicadas, sería de G. 8.220.400.000”, de acuerdo a los cálculos realizados por la Coordinadora de Abogados del Paraguay.

La jueza sumariamente Thania Ferreira Burgos, sin embargo, no encontró ninguna irregularidad en el proceso licitatorio y, de esta forma, blanqueó el presunto negociado con los boletines, a través de las dos empresas “mimadas” de la Justicia Electoral.

La abogado Kattya González, en declaraciones a nuestro diario, manifestó que las autoridades de Contrataciones “creen que la ciudadanía es estúpida”. Agregó que nadie cree el argumento esgrimido por el TSJE para justificar el incremento en el pago por los boletines para las elecciones internas de 2017 y las generales de 2018.