Este pedido, realizado el viernes a la presidenta del máximo tribunal de la República, tiene su fundamento en el Art. 28 de la Constitución Nacional, del Derecho a informarse, ya que los delitos mencionados atañen a toda la ciudadanía y porque la información proveída por la misma Corte es considerada como veraz.

“La implementación de una base de datos públicos y accesibles para todos, sobre los hechos punibles de relevancia jurídica y social, es un paso hacia la efectiva materialización de derechos constitucionales antes citados, pues permite conocer cómo se administra la justicia en nuestro país, lo cual es fundamental y vital en materia de acceso a la información y la lucha frontal contra la corrupción e impunidad”, refiere el gremio.

Implementado en otros países

La Coordinadora de Abogados sostiene que este mecanismo de control y participación ciudadana está siendo aplicado en otros países, como en la República Argentina, donde del día 16 de febrero de 2016 la Suprema Corte de Buenos Aires inauguró el sistema informático de libre acceso de información ciudadana, sobre los hechos punibles de corrupción, trata de personas y narcotráfico.

Agrega: “La máxima instancia de ese país ha dado un paso importante de transparencia y participación ciudadana, que desde la información podría evaluar y acompañar la gestión judicial”.

La Coordinadora de Abogados que preside Kattya Mabel González es uno de los pocos gremios de este país que se constituyen en un duro cuestionador del sistema judicial.

Este gremio repudió al senador Víctor Bogado en varias ocasiones en el caso “niñera de oro” y por otras causas por corrupción.