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Los gremialistas explicaron que los problemas judiciales empezaron a partir de una huelga de tres días que realizaron en junio del año 2015, en reclamo del incumplimiento de disposiciones previstas en el contrato colectivo.
La patronal alegó que los sindicalistas incurrieron en hechos de violencia durante la huelga, para impedir el acceso a la empresa de otros funcionarios. En el 2016, la medida de fuerza fue declarada ilegal por el juez de Lambaré, Humberto Zárate.
A partir de ahí se generaron otras demandas y a la fecha, suman cinco juicios en Asunción, Capiatá, San Lorenzo y J. Augusto Saldívar, en los cuales se plantea la prescripción, además del reintegro de los 28 funcionarios y pago de salarios caídos por un total de unos 2 mil millones.
“Ellos tenían 30 días para realizar el despido justificado del personal y según se puede constatar en el expediente, no se llevó en cuenta ese tiempo y se sobrepasó el tiempo establecido en el Código Procesal Laboral. Ellos accionaron casi 45 días después”, explicó Sanabria, al referirse al incidente que está actualmente en estudio.
Los gremialistas cuestionan además al Ministerio de Trabajo por desconocer a Hermosilla y Amarilla como secretario general y secretario general adjunto.