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Campos sostiene que el juez Rubén Riquelme tiene la obligación de hacer cumplir la ley en la audiencia de imposición de medidas y debe ordenar la prisión preventiva de Fretes y Castillo porque ambos están procesados por hechos punibles calificados de crimen, porque tienen expectativa de prisión superior a 5 años de cárcel.
La imputación
Primeramente, la fiscala María Teresa Ruiz Díaz imputó por el homicidio de Mauricio Benítez (22 años), ocurrido el 15 de junio de 2017, en el barrio Puerto Botánico, a los guardias de Protek Julián Benítez y Óscar Blanco, quienes le dispararon al confundirlo con un robacoches (ambos están imputados por homicidio doloso y producción de riesgos comunes).
Amplió imputación
Posteriormente, la agente del Ministerio Público al ampliar la imputación incluyó a los directivos de Protek Fretes y Castillo, y los procesó por violación a la Ley de Armas, y para los guardias, incluyó también este último hecho punible.
Ruiz Díaz también ordenó la captura de los directivos, y argumentó que la violación a la Ley de Armas en los artículos 20, 28 y 94, inc. d), prevé pena de 5 a 10 años, y al ser considerado crimen, no se puede otorgar medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, la orden de captura fue revocada el 27 de junio pasado por la Fiscalía General, cuando la fiscala Ruiz Díaz fue recusada y dispuso además que el fiscal Yoan Paul López interine la causa.