Núñez, a través de su abogado Héctor Rodas, sostiene que el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández violó normas procesales al dictar el proveído por el cual se tiene por admitida la imputación de prevaricato y se señala además la audiencia de imposición de medidas, alegando que su competencia como juez no ha quedado firme, por lo que como procesado se encontraba en estado de indefensión.
Sin embargo, el fiscal Piñánez, al solicitar el rechazo del incidente de nulidad de actuaciones que promovió Núñez, señala a la Cámara de Apelaciones que la pretensión del imputado es totalmente improcedente. Explica que el artículo 346 del Código Procesal Penal en su último párrafo dispone que: “La resolución que admita la inhibición será irrecurrible”, y en este caso la competencia del nuevo juez (Fernández) se dio por la inhibición del ahora exjuez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, habiendo resuelto la Cámara la procedencia de la misma (inhibición), por lo que se refuta completamente la postura errada de la defensa, al sostener la existencia de un plazo de 3 días para interponer recursos contra esa resolución, o en su caso, para formular una recusación contra el magistrado al que finalmente declararon competente.
Abunda el Ministerio Público que “al tratarse de una resolución irrecurrible, la defensa no puede alegar agravios por indefensión, escudándose de que se trata de ‘nulidades absolutas’. Es así que se refuta categóricamente esta posición, en atención a que no se detecta la violación o vulneración de garantías procesales inherentes al imputado que hayan puesto en riesgo su defensa material”.
Antecedentes
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El juez penal de garantías Fernández citó para la audiencia de imposición de medidas a los imputados exministros de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco y Núñez para el 14 de diciembre de 2018, a las 09:00 y 09:30, respectivamente, pero el defensor Rodas planteó el incidente de nulidad de actuaciones.
También había dispuesto el juez que el fiscal René Fernández presente hasta el 9 de mayo de 2019 la acusación u otro requerimiento conclusivo con relación a ambos procesados.
Los exministros de la Corte Blanco y Núñez soportan un proceso por prevaricato, a raíz de la denuncia presentada por Peter David Kennedy, en diciembre de 2014, por haber admitido en forma ilegal un recurso extraordinario de casación en contra de una sentencia de segunda instancia por la cual se anuló un juicio oral por apropiación.
Esta decisión provocó que la condena de seis años de cárcel para Kennedy haya sido anulada, mientras que el querellante Franklin Kennedy promovió la casación.
Había votado en disidencia la exministra Alicia Pucheta, por el rechazo de la casación.