En este caso se estimó un cobro indebido de G. 660 millones cuando era titular de puertos el exlegislador.
Ahora se deben resolver la nulidad de la acusación y el sobreseimiento definitivo que tanto Nicora como los coacusados Rafael Velázquez Tobal, Adrián Darío Vaesken Vázquez y Pablo Moura Servín pretenden que el juez José Delmás resuelva antes de convocar a audiencia preliminar.
Piñánez en su contestación indica que no existe agravio en el escrito de acusación del Ministerio Público y que los cuestionamientos efectuados por los incidentistas constituyen meros desacuerdos sin sustento legal. A su vez, menciona que ya plantearon lo mismo cuando pretendían que no se reabra la causa.