Fernández denunció ante la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial, la irregular intervención de los abogados Luis Bertón Planás y Nicolás Gaona Irún, quienes fueron contratados por los condenados Víctor Bogado Núñez y Pabla Mieres de Scavenius, respectivamente, al solo efecto de apartar a los ministros Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera, ambos de la Sala Penal.

Ante la causal de excusación, los citados ministros de Corte resolvieron no integrar la Sala Penal para estudiar la casación que promovieron los condenados.

Fernández solicitó a Pucheta y Benítez Riera que reconsideren su excusación y que cancele la personería de los abogados Bertón Planas y Gaona Irún, ya que los condenados Bogado Núñez y Mieres de Scavenius tienen como abogados a Osvaldo Granada y Guillermo Duarte Cacavelos, respectivamente, por lo que los procesados no estarán en indefensión.

Las sanciones previstas para los litigantes de mala fe están indicadas en el Código Procesal Penal, Art. 112, que ordena a los magistrados cancelar las personerías de los abogados que intervienen en los procesos al solo efecto de paralizar las causas y que tengan además la intención de apartar a los jueces.

Llama la atención del abogado Fernández, que en el caso Cajubi se está utilizando la misma maniobra que la realizada en los procesos donde está enjuiciando el exministro del Interior Rafael Filizzola. Es decir, se están aprovechando de los ministros que tienen juicio político en la Cámara de Senadores.