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“Para nosotros es muy positivo este primer día de paro”, dijo la sindicalista del Poder Judicial Porfiria Ocholasky, quien recordó que el 30 de abril irán a la huelga general.
Los funcionarios del Ministerio Público, por su parte, solo atenderán los servicios básicos como mesas de denuncias, constituciones forenses y los plazos procesales de las causas. La medida tiene como finalidad lograr que la institución no sea privada de unos G. 73.000 millones que le generan las tasas judiciales.
La fiscala general Sandra Quiñónez se reunió con los huelguistas, les dio su apoyo y garantizó los servicios primarios a la ciudadanía. También señaló que si le sacan las tasas judiciales podrían cerrarse varias unidades especiales, el Centro de Atención a Víctima y el Laboratorio Forense, por falta de dinero.
La Ley de Tasas Judiciales establece que la Corte Suprema de Justicia se quede con el 58,80% de esos ingresos y el Ministerio Público con 12,27%.