Los oficiales primeros Juan Walberto Almada Cardozo y Eugenio Álvarez Villalba, la suboficial 2ª Mirtha Ayala Rivas y el subcomisario Carlos Donato García son los demás acusados.
Virginia Benítez denunció que los agentes le exigieron G. 100 millones para no involucrarla en un caso de tráfico de drogas, delito por el cual su esposo está preso.
Benítez entregó G. 30 millones que retiró de una cooperativa, G. 4 millones que tenía ahorrado, G. 22 millones que prestó y hasta transfirió su camioneta (Toyota Noah), a una persona indicada por los agentes.
Arzamendia negó haber secuestrado y extorsionado a la mujer. Según su versión, la denunciante fue quien ofreció el dinero para no ir presa, al ser descubierta con droga y que lo aceptó, en acuerdo con su jefe (Crio. García).
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“Yo como ser humano, reconozco que caí en eso porque llegaba el 15 de mi hija”, dijo, tras relatar que la plata se distribuyó entre todos.