El nuevo caso detectado ahora tiene que ver con la licitación pública nacional número 99/2016, identificada con el ID 303.464, bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica, para el mantenimiento y reparación de vehículos, la mayoría de ellos patrulleras policiales.
En la recepción y apertura de ofertas, el 1 de julio pasado se presentaron ocho firmas: taller Clinicarf de Ramón Fretes Fretes, Gilco Par SRL, Viccar Service de Víctor López y Auto Repuestos Diover SA.
La nómina de oferentes prosigue con Tape Ruvicha SAECA, taller Balbuena de Silverio Florentín Balbuena, Servicio y Comercio Patri de Justo Almada y Automotor SA.
Pequeño detalle
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La particularidad de este proceso, que está cerca de definirse, es que el representante oficial del taller Clinicarf, que funciona en Manorá esquina Ceferino Ruiz de Fernando de la Mora, resultó ser Rolando Higinio Torres Riquelme.
Este nombre pasaría absolutamente desapercibido si no fuera porque se trata del esposo de la oficial inspector de Policía Carla Evelyn Velázquez Lezcano.
¿Quién es la oficial Velázquez? Es una agente que presta servicios en la Dirección Administrativa de la Policía y contadora del Programa 2.2.1 Implementación del Plan Estratégico Policial.
Este es uno de los programas más grandes y que abarca todas las dependencias correspondientes a la Dirección General de Orden y Seguridad, que a su vez maneja las jefaturas de Policía, departamentos especializados, comisarías, etcétera.
Además, la agente es la encargada de elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de su programa y, al mismo tiempo, de configurar las especificaciones técnicas de todos los bienes y servicios a ser adquiridos para la institución, entre ellos justamente la reparación y el mantenimiento de vehículos ofrecidos por el taller donde trabaja su esposo.
Entre otras de las asignaciones de la oficial inspector, figura la de recibir los estados de cuenta de los proveedores, para su posterior facturación y el pago correspondiente. Uno de ellos, precisamente, es el taller Clinicarf.
Por su parte, Rolando Higinio Torres Riquelme, como empleado del taller Clinicarf, se ocupa también de las licitaciones y de la elaboración del estado de cuentas de las instalaciones públicas con las cuales trabajan, una de ellas la Policía Nacional, donde presta servicios su esposa.
Ganó US$ 7 millones
Según el detalle que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, desde 2005 hasta 2015, el taller Clinicarf se embolsó en concepto de licitaciones un monto total de 44.758.989.190 guaraníes, el equivalente a casi 8 millones de dólares.
Pero el dato llamativo es que de ese total, el mencionado taller ganó 39.277.754.440 guaraníes, o sea 7 millones de dólares, solamente a costa de la Policía Nacional.
Es decir, tras cada licitación que ganó Clinicarf en los últimos años, la oficial inspector Velázquez fue la que completó las gestiones para el pago que recibía su propio esposo.
Prohibido por la ley
La intervención de la oficial inspector Carla Velázquez en el proceso licitatorio que está a punto de ganar el taller representado por su esposo, Rolando Torres, está claramente prohibida por la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.
La normativa habla específicamente de la prohibición de participar en cualquier etapa del procedimiento de contratación de los funcionarios con interés personal, familiar, cónyuges o parientes.
Hay G. 598 millones en juego
En caso de ocurrir lo “lógico”, es decir, que el taller Clinicarf vuelva a ganar la licitación en puerta, Ramón Fretes Fretes y su empleado Rolando Torres se alzarían con otros 598.168.795 guaraníes, algo así como 106.000 dólares. Mientras tanto, las otras empresas que pretendan trabajar para la Policía Nacional tendrían que empezar por buscar también algún “contacto” clave dentro de la institución, para intentar ganar alguna licitación.
El dueño quiere una nota por escrito
El señor Ramón Fretes Fretes, dueño del taller Clinicarf de Fernando de la Mora, confirmó que, efectivamente, Rolando Higinio Torres Riquelme trabaja en su empresa como un simple auxiliar administrativo, encargado de hacer facturaciones, por ejemplo.
Sin embargo, al ser consultado sobre las supuestas influencias que podría ejercer para conseguir las licitaciones de la Policía Nacional, gracias a que su esposa es una de las encargadas de los procesos, Fretes respondió que supuestamente no conoce a la familia de su empleado de confianza ni los vínculos que pueda tener este con la oficial inspector Carla Velázquez.
Después, se negó a seguir contestando sobre las presuntas irregularidades en los procesos de adjudicación y exigió que se le enviara una nota por escrito.
Según los datos, la propia oficial sería la que lleva la contabilidad del taller.
“Ella no tiene nada que ver”, aseguran
El director Administrativo de la Policía, comisario principal Atilio Gabriáguez Torales, defendió a la oficial inspector Carla Velázquez, al asegurar que “ella no tiene nada que ver” en el proceso licitatorio que está a punto de ser adjudicado al taller Clinicarf.
Pero después, el comisario se contradijo al anunciar que sí es cierta la información de que el esposo de la oficial es el representante de uno de los talleres competidores (como figura en los documentos que él mismo tiene en su despacho), esta firma tendrá que ser descalificada.
Sobre el motivo por el cual Clinicarf ganó casi todas las últimas licitaciones de la Policía, Gabriáguez, quien aspira ser comisario general, como lo fueron sus otros dos hermanos, simplemente respondió que fue porque presentó todas las condiciones. Finalmente, desafío a las demás oferentes a hacer una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).