La grave irregularidad en la Policía se filtró después de que en el acta de recepción de ofertas de una licitación para la reparación y el mantenimiento de vehículos figurara el nombre del auxiliar administrativo Rolando Higinio Torres Riquelme, como representante del taller mecánico Clinicarf de Fernando de la Mora, propiedad de Ramón Fretes Fretes.
Clinicarf, coincidentemente, se convirtió en los últimos años casi en el taller mecánico exclusivo de la Policía Nacional, que le hizo ganar a su propietario más de 7 millones de dólares.
Sin embargo, con esta nueva licitación en puertas, las demás empresas oferentes revelaron el dato de que el representante de Clinicarf, Torres Riquelme, resultó ser el esposo de la oficial inspector de Policía Carla Evelyn Velázquez Lezcano.
Esta, a su vez, es funcionaria de la dirección Administrativa y una de las que participa en el proceso de preparación de las licitaciones que justamente suele ganar su esposo.
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El propio director Administrativo de la Policía, comisario principal Atilio Gabriáguez Torales, había declarado que la firma Clinicarf tendría que ser descalificada, si se comprueba la relación entre su subalterna y el auxiliar administrativo.
Precisamente, en reacción a la publicación sobre el nuevo escándalo de corrupción en la Policía, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó ayer que la licitación “aún se encuentra en proceso de evaluación ante el Comité de Evaluación de la Policía Nacional”.
Y en otra parte del comunicado, advierte que “el Comité de Evaluaciones debe actuar con total independencia de criterio y proceder a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los requisitos de calificación de los oferentes”.
Asimismo, la DNCP avisa que “si el Comité detecta alguna inhabilidad de algún oferente deberá proceder a descalificar la oferta y elevar tal recomendación a la máxima autoridad de su institución”.
La inhabilidad a la que se refiere Contrataciones es a la relación matrimonial entre el representante del taller Clinicarf, que ganó casi todas las últimas licitaciones de la Policía, y la oficial inspector de Policía que participa de los procesos licitatorios, como funcionaria de la dirección Administrativa.
El jefe de la Unidad Operativo de Contrataciones (UOC) de la Policía, comisario principal Darío Mongelós, dijo ayer que a raíz de la publicación de ABC Color, la licitación ya quedó paralizada.
El taller Clinicarf, años atrás, facturaba menos de G. 10 millones al Estado por sus servicios, pero después de la “alianza estratégica” con la Policía, presuntamente a través de la oficial Velázquez, el mismo taller pasó a adjudicarse licitaciones que en algunos casos llegaban a casi G. 5.000 millones.
El segundo en la era de Críspulo Sotelo
Este nuevo “fato” descubierto en la Policía se suma a otro ocurrido hace solo dos meses, cuando ABC Color también había revelado que varios agentes de la misma dirección Administrativa cobraban beneficios adicionales, como gratificaciones por servicios especiales o pasajes y viáticos, pese a ser oficinistas.
Una de las más beneficiadas era una sobrina política del comandante, Críspulo Sotelo, quien para zafar de aquel suceso echó a su director Administrativo, Adalberto Brizuela.